Los ciudadanos, solos en defensa de su patrimonio

A lo largo de la historia la gente, en lucha desigual, ha tenido que enfrentarse al poder establecido para ir arrancándole poco a poco algunos derechos y mejores condiciones de vida. Los gobernantes —usualmente la nobleza y la iglesia—, ejerciendo un dominio tiránico, explotaban al pueblo y vivían a su costa, ofreciéndole muy poco a cambio, a veces ni siquiera la supervivencia. Eso sucedió prácticamente hasta la Revolución Francesa que desembocó después en los denominados regímenes democráticos. En estos, el pueblo elige a los gobernantes para que lleven a cabo lo que los ciudadanos demandan, para que protejan sus derechos y los defiendan de las tropelías que puedan cometer otros poderes no menos fuertes —como empresas, bancos, grupos de presión, etc—, de otros políticos e incluso de ellos mismos.

Algo no funciona bien últimamente en este sistema democrático nuestro cuando los ciudadanos han tenido que volver a organizarse para defenderse del poder, el mismo que se supone que debería defenderlos.

Esto es lo que ha pasado en Valencia y en Murcia. Los ciudadanos se han organizado contra el poder establecido, pero no para arrancarle más derechos, ni para exigirle mejoras en sus condiciones de vida y asegurar su futuro y el de sus hijos, como ocurría en la Edad Media, sino para que no les roben su pasado. Porque el patrimonio cultural, puesto en almoneda en Murcia y en Valencia por sus respectivos ayuntamientos, es el pasado de esas dos colectividades.

La conservación de los restos de la Murcia árabe —aparecidos mientras se construía un aparcamiento— fue literalmente arrancada por los ciudadanos al poder municipal, empecinado en unas obras que solo llevaban a la destrucción del tesoro. La presión popular obligó (obligar es inducir a alguien a hacer algo en contra de su voluntad) al Ayuntamiento y a la Comunidad de Murcia a conservar el yacimiento arqueológico y a desistir de su empecinada obsesión por obtener rendimiento económico con el dichoso aparcamiento. Pero el Ayuntamiento se limitó a cubrirlos desidiosamente con lonas y a dejarlos abandonados. Tanto es así que las copiosas lluvias caídas en los últimos días han destruido, según los expertos, el 20 por ciento del hallazgo. La indignación ha sido grande y la sospecha de que se trate de dejadez intencionada no se disipa fácilmente.

El caso del Cabanyal valenciano, es, más sangrante. El Ayuntamiento se empeña en que la avenida Blasco Ibáñez desemboque en el mar, como si se tratara de un nuevo río Turia. Para ello quiere derribar una gran parte del barrio típico de pescadores del Cabanyal, que se interpone en el camino. Rita Barberá, la alcaldesa, arremete como un rinoceronte ante todo lo que se le interpone y no tiene en cuenta que dicho barrio es un bien protegido, que tiene valor artístico, histórico y cultural porque sus casas son un bello ejemplo de estilo modernista, algunas del siglo XIX.

De nada sirve la decisión del Ministerio de Cultura, que a petición del Tribunal Supremo, se pronunció por la paralización de las obras por considerarlas un expolio del patrimonio, tampoco importa que instituciones como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Real Academia de la Historia o por el Museo Nacional de Cerámica González Martí hayan pedido la paralización del proyecto.

Al contrario, el pronunciamiento del ministerio a hinchado la vena del gürteliano Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, que está dispuesto a apoyar a su correligionaria Rita.

Alegan las autoridades municipales y no pocos ciudadanos, que la zona está degradada, que es un foco de delincuencia, de suciedad y de marginalidad. Y es verdad, probablemente. Pero eso ¿por qué ha ocurrido? Porque las autoridades lo han permitido. Porque los gobiernos municipal y autonómico han preferido derrochar millones de euros en Copas Américas de vela y en carreras de Fórmula Uno en lugar de en proyectos sociales y de rehabilitación, mucho más necesarios. Se han comportado como el casero mezquino que para librarse de su inquilino deja que el inmueble de deteriore hasta la ruina porque quiere vender el solar. Eso es lo que busca el ayuntamiento de Valencia, dejar el Cabanyal en un solar listo para la especulación.

Murcianos y valencianos, como antaño, se aprestan a luchar contra sus tozudos dirigentes, que se niegan a renunciar a sus personales proyectos faraónicos donde al final puedan poner una placa con su nombre. La diferencia con la Eda Media es que ahora la gente tiene instrumentos eficaces para impedirlo: la opinión pública, en primer lugar, y las elecciones como solución final.